El derecho del trabajo, construido en el siglo pasado por los Estados de los países desarrollados
Cambios del empleo y retos para el derecho y para las políticas sociales
El derecho del trabajo, construido en el siglo pasado por los Estados de los países desarrollados, ha tenido por objeto principal regular las relaciones de trabajo subordinado en permanente concomitancia con empresas también organizadas de manera estable bajo el modelo industrial fordista.
Las transformaciones económicas y sociales impulsadas por dos factores principales, la globalización y las innovaciones tecnológicas, han modificado los fundamentos sobre los cuales se ha construido el derecho del trabajo y los sistemas de bienestar creados en los últimos decenios. Los Estados nacionales están perdiendo influencia en los mercados mundiales, las grandes empresas fordistas están cambiando estructura, los sindicatos industriales y los acuerdos colectivos están debilitados, el trabajo subordinado estable, que ha sido el eje central del derecho del trabajo, ha dado lugar a una variedad de modalidades de trabajo atípicos, a menudo informales, y en varios casos, de dependencia económica si bien formalmente autónomas.
El elemento clave es la transformación de las técnicas y de los modos de producción que se han verificado en la transición de la sociedad industrial a la denominada post industrial y de servicios y, recientemente, a la economía digital. Estas transformaciones — además del aumento de la competencia mundial — han exigido de la economía y de las empresas respuestas flexibles y ajustes continuos, que se han transmitido a las modalidades de trabajo.
La diversificación de los trabajos y de las formas de empresa constituye un desafío de primer orden para nuestra disciplina porque debe responder positivamente al cambio de su objeto.
El objetivo fundamental sigue siendo el estipulado en las cartas nacionales e internacionales de derechos sobre la promoción de los valores e intereses del trabajo en el marco de un desarrollo económicamente y socialmente sostenible, con una contribución participativa entre los interlocutores sociales y las empresas.
Pero para alcanzar el objetivo del nuevo contexto económico-social en los ámbitos nacional e internacional, la técnica jurídica y los instrumentos de políticas deben cambiar.
Las respuestas brindadas por los formuladores de políticas, así como por los expertos y especialistas a los retos planteados por estas transformaciones son ampliamente insuficientes. Es nuestra responsabilidad, no sólo como profesionales sino como ciudadanos involucrados, intensificar los esfuerzos para comprender las nuevas problemáticas y buscar nuevas soluciones. La gravedad de la crisis económica y sus consecuencias dramáticas en el mundo del trabajo son tan evidentes que no dejan lugar a ningún tipo de duda o inercia.
La «brecha laboral» de unos 62 millones de puestos de trabajo denunciados por la OIT es la consecuencia dramática de los efectos de la crisis en el empleo. A pesar de que en el mundo entero se ha alcanzado un cierto grado de prosperidad, siguen siendo demasiadas las personas que se ven privadas de sus derechos fundamentales como trabajadores y ciudadanos, reconocidos por los convenios de la OIT, y de oportunidades para compartir los frutos del progreso. Más de la mitad de la población no está cubierta por las medidas de protección social modeladas en el pasado por diversas legislaciones nacionales y respaldadas por las normas internacionales. Incluso los principios fundamentales de la OIT, a saber, la libertad de asociación, la no discriminación, la prohibición del trabajo infantil y el trabajo forzoso, están muy lejos de ser respetados en algunas partes del mundo.
La variedad de medidas innovadoras que podrían contribuir a esta estrategia abarcan varias esferas políticas. La primera y principal es la promoción de buenas oportunidades de educación para todos los ciudadanos, apoyo al empleo productivo y de calidad, y divulgación del bienestar activo universal.
Pero también medidas más amplias que la legislación laboral tradicional, destinadas a crear un contexto social propicio para el desarrollo sostenible y el crecimiento generador de empleo.
Como la mayor parte de ellas, las políticas de este tipo se deben proyectar a escala mundial, dado que los retos para el futuro del crecimiento del trabajo y de la sociedad son de carácter global. Sin el apoyo de los gobiernos y los actores sociales nacionales, en particular en los Estados más poderosos, ya que son miembros importantes de organizaciones internacionales, tales como la OIT, difícilmente podrán seguir adelante.
Instrumentos para la regulación de los nuevos empleos y en las empresas flexibles
Los cambios de las técnicas jurídicas y de las políticas sociales se deben incluir en este marco más amplio, analizando la forma en que pueden contribuir a una regulaciòn de las nuevas formas del trabajo que se adapte a los nuevos tiempos y a una consulta participativa entre los trabajadores y las empresas.
El reto para nuestra disciplina y para sus seguidores es tanto intelectual como de políticas.
En primer lugar, es necesario un esfuerzo analítico para apreciar la realidad en continuo movimiento de las formas de empleo y de la empresa, y para detectar en ella el carácter de éstas diferenciándolo de los prototipos empleo típico recibidos de la tradición.
Se trata de un ejercicio que debe realizarse con rigor a fin de examinar los elementos significativos de las diversas situaciones concretas, pero evitando la tentación de imponer las categorías jurídicas tradicionales.
Un análisis sin prejuicios muestra que la diversidad y la variabilidad de las situaciones han evidenciado la dudosa utilidad de estas categorías y lo incierto de la búsqueda de (nuevos) tipos jurídicos idóneos para categorizar sin forzamientos las nuevas realidades. Del mismo modo, me parecen bastante prematuras las propuestas presentadas por numerosas instancias para identificar otro concepto común a estas diferentes situaciones, capaz de sustituir eficazmente el esquema tradicional del contrato de trabajo subordinado.
La búsqueda resulta más compleja porque los cambios de las formas de trabajo van acompañados y se ven influenciados por modificaciones igualmente profundas en la estructura y en la organización del empleador que alteran los elementos constitutivos respecto de la empresa estándar a partir de la cual se ha construido el derecho del trabajo del siglo pasado.
El segundo reto para nuestra disciplina consiste en la búsqueda de instrumentos y reglas que puedan responder a las exigencias de protección y de promoción del empleo y de los trabajadores, teniendo en cuenta las diversas, y a menudo opuestas, exigencias de los empleadores.
A lo largo de los años, se han multiplicado los estudios de diverso origen sobre estos temas que proporcionan una gran cantidad de información fáctica. Asimismo, confirman una tendencia común a la diversificación tanto del empleo como de las empresas en relación con los estándares tradicionales, pero muestran también que los contextos económico-sociales de los diferentes países, y los diversos períodos de crecimiento, de estabilidad y, por último, de crisis, afectan considerablemente las dimensiones y modalidades de dicha tendencia. Los datos que resultan de estos estudios brindan elementos a veces difíciles de sistematizar; lo que confirma la complejidad de los fenómenos en curso en el mundo del trabajo y de la empresa y lo inoportuno de forzar la búsqueda de categorizaciones jurídicas nuevas.
Por este motivo, así como por economía de espacio, me limitaré a una descripción, en líneas generales, de las principales formas de empleo atípico, sin la intención de proporcionar disposiciones concluyentes. En segundo lugar, haré una reflexión sobre las modificaciones que algunas legislaciones laborales han introducido en sus regímenes para regular de manera más adecuada las diversas formas de empleo atípico. Abordaré sólo brevemente las modificaciones introducidas en el mundo empresarial. En relación con estos dos aspectos deseo referirme especialmente a la realidad europea que conozco mejor y más directamente.
La legislación y los límites de los contratos de trabajo de duración determinada
Las formas de trabajo distintas al tipo estándar, que es aún el contrato de trabajo subordinado de duración indefinida, se han manifestado con varias configuraciones y entidades a lo largo del tiempo. El contrato de duración determinada es el tipo de contrato conocido por todas las legislaciones y el de origen más antiguo. Pero éste también ha experimentado un aumento sustancial en los últimos años debido a las transformaciones antes mencionadas de los modos de producción. Éstas han exigido de las empresas un uso flexible de la mano de obra, necesario para responder a las presiones de la competencia y, por otro lado, a la evolución de las costumbres y de los estilos de vida.
La difusión de los contratos de trabajo de duración determinada, a menudo de corta duración y repetidos en el tiempo, ha suscitado preocupación y reacciones crecientes debido a sus efectos desestabilizantes sobre la calidad del trabajo y sobre la propia vida de los trabajadores. De modo que se han convertido en el símbolo negativo de una flexibilidad productiva de precariedad.
Por los posibles efectos, el contrato de duración determinada ha sido objeto, ya en el pasado, de intervenciones del legislador y de la negociación colectiva dirigidas al control del empleo. Las intervenciones se han multiplicado en los últimos años por el incremento de este tipo de contratos, en particular entre los jóvenes, que ha acentuado el riesgo de protección insuficiente y que desmiente la supuesta prevalencia del contrato de duración indefinida como forma normal predominante de la relación laboral.
Una intervención reguladora difundida en varios países europeos ha consistido en condicionar la celebración legítima de los contratos de duración determinada, a la presencia de causas específicas y objetivas que justifiquen el establecimiento de un plazo de excepción a la normalidad del contrato de trabajo de duración indefinida.
Esta intervención vinculante se ha visto superada progresivamente en muchos países mientras que en otros, tales como el Japón, no ha sido adoptada por considerarla excesivamente restrictiva y de dudosa eficacia. A este respecto, es significativa la legislación italiana en la que la técnica de las causales probada durante muchos años, con la exigencia de causales inicialmente específicas y posteriormente genéricas, no ha puesto freno a la proliferación de los contratos de duración determinada. Por otra parte, ha dado lugar a un contencioso judicial de grandes dimensiones y de costes elevados. De ahí la decisión de abandonar la necesidad de causales adoptada con las reformas de 2015.
Por el contrario, una normativa aún en vigor en diversas legislaciones, tiene como objetivo limitar la duración y la secuencia de los contratos de duración determinada, para evitar que su uso reiterado y prolongado promueva el empleo precario también en puestos de trabajo y necesidades permanentes de la empresa, distorsionando la función del contrato.
Los plazos de duración estipulados en los diferentes países varían de 2 a 5 años y el número máximo de prórrogas del contrato de duración determinada de 3 a 5. A fin de remediar otra situación desventajosa para los trabajadores con contratos de duración determinada, en la directiva europea núm. 99/70, aprobada con arreglo a un acuerdo entre los interlocutores sociales, se estableció que dichos trabajadores tienen derecho a la plena aplicación del principio de igualdad de trato en términos económicos y normativos respecto de los trabajadores con contratos de duración indefinida en puestos equivalentes.
Sin embargo, esta normativa no ha eliminado por completo la desventaja de dichos trabajadores porque la igualdad no incluye beneficios tales como incrementos salariales y primas ligados a la continuidad del empleo ni condiciones laborales y de remuneración previstas en los acuerdos empresariales y reservadas a los trabajadores con contratos estables. Por consiguiente, el contrato de duración determinada sigue siendo más conveniente para las empresas que las relaciones laborales permanentes, no sólo por su flexibilidad intrínseca, es decir por la posibilidad de terminarlos sin tener que recurrir al despido, sino también por los costes reducidos.
Intervenciones para favorecer la estabilidad en el empleo
A esta diferencia de beneficios — económicos y normativos se ha destinado en Italia el decreto núm. 23/2015 que ha reducido el costo de los despidos en las relaciones laborales de duración indefinida y, por otro lado, la previsión en las leyes de estabilidad de 2015 y de 2016 de ventajas contributivas y fiscales directas para reducir los costes de los contratos de trabajo de duración indeterminada y para promover la estabilización de los contratos de duración determinada. Estas intervenciones han contribuido a reequilibrar la relación entre los contratos a favor de la relación laboral de duración indefinida pero no ha disminuido significativamente el recurso al trabajo de duración determinada.
Esto se explica porque tales contratos responden a exigencias efectivas de las empresas, en particular en sectores que se caracterizan por movimientos del mercado variables en el tiempo. Para hacer frente a este problema y reducir la utilización de contratos de duración determinada, algunas jurisdicciones — en primer lugar Alemania — han valorizado instrumentos de flexibilidad interna funcional (tiempo parcial, horarios anuales, movilidad profesional, y formación) que han servido para reducir el efecto de las perturbaciones externas sobre la estabilidad de la mano de obra .
Otro aspecto importante de los contratos de duración determinada es que constituyen un porcentaje particularmente elevado entre las primeras contrataciones y específicamente en las contrataciones de jóvenes. Resulta decisivo intervenir a fin de que la primera fase del trabajo de duración determinada no se transforme en una trampa de la precariedad, sino que constituya un período de transición, un paso importante, hacia la estabilidad. Los instrumentos útiles para alcanzar este objetivo y para favorecer la inserción gradual de los jóvenes en el mercado de trabajo regular y estable son los diversos institutos de transición entre la escuela y el trabajo, las prácticas y el aprendizaje, acompañados por servicios de orientación profesional. Lo confirman las experiencias de los países europeos donde el uso de estos institutos ha contribuidos a reducir el desempleo juvenil, colmando y disminuyendo la brecha con la de los adultos.
En realidad, para alcanzar estos objetivos no basta con los instrumentos del derecho del trabajo, se requiere un compromiso más amplio de las políticas económicas destinadas a apoyar un desarrollo equilibrado y socialmente sostenible.
5. El régimen del contrato a tiempo parcial
Una segunda diferencia respecto del trabajo típico está relacionada con la cantidad de la prestación, en particular, la reducción del horario de trabajo en los varios tipos de contrato a tiempo parcial. Aunque estos contratos no alteran la estructura de la relación laboral, entrañan diferencias importantes en los tratamientos normativos y económicos, en primer lugar en lo que concierne a la remuneración.
El trabajo a tiempo parcial se ha difundido tradicionalmente, especialmente entre las trabajadoras. Lo que ha contribuido a considerarlo un trabajo «segregado», de menor remuneración y con menores posibilidades de desarrollo profesional. Por los mismos motivos, ha suscitado por mucho tiempo la desconfianza, si no el rechazo, de los sindicatos y se ha visto rodeado de diversas limitaciones de tiempo y de cantidad en muchas legislaciones.
Sin embargo, las evaluaciones sobre del uso del tiempo parcial han cambiado con el tiempo y este contrato se ha difundido ampliamente debido a los factores mencionados anteriormente: por un lado las exigencias de flexibilidad de las empresas y, por otra, un (posible) mayor equilibrio entre las horas de trabajo y otras actividades personales y familiares.
El aumento del trabajo a tiempo parcial está presente incluso en diversa medida en varios países debido a la influencia de factores no sólo económicos sino también culturales y de planteamiento de las políticas familiares. En países como Holanda, por ejemplo, donde se han alcanzado las más altas cuotas porcentuales, se ha identificado un instrumento de redistribución del trabajo también en el seno de las familias (se habla de un puesto y medio de trabajo para dos familiares).
Las políticas laborales han tenido que hacer frente a dos exigencias principales para maximizar las ventajas y reducir los riesgos de este tipo de trabajo. La primera exigencia es la de promover el empleo a tiempo parcial voluntario, reduciendo el peligro, presente sobre todo en períodos de crisis, de que se convierta en una solución obligada y alternativa por la falta de oportunidades de trabajo a tiempo completo. Para conseguir dicho objetivo se requiere el compromiso general de las políticas económicas y de desarrollo.
La ley y la negociación colectiva pueden contribuir al logro de este objetivo sólo parcialmente, garantizando la libertad de elección de las personas implicadas, en particular el derecho de los trabajadores de pasar de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial por necesidades personales y familiares, sobre todo durante la maternidad o en períodos de enfermedad y la posibilidad opuesta de volver al trabajo a tiempo completo al final de dichas exigencias o a ciertas condiciones establecidas por la ley o por los convenios colectivos (por ejemplo, por motivos de salud).
En segundo lugar, la legislación de varios países (en Italia el decreto núm. 81/2015) ha tenido que compatibilizar los diversos intereses de los contratantes en el uso del empleo a tiempo parcial: por un lado, la exigencia de las empresas a organizar en modo flexible los horarios de estos trabajadores, por otro lado los intereses de los mismos empleados a no aparecer «ocupados» todo las horas del día o del año y a no verse privados de la libertad de organizar sus propias actividades por no saber con certeza cuáles son sus horarios, a pesar de haber cedido a la empresa solo una parte, a cambio de una remuneración reducida.
La ponderación de estos intereses y la protección del tiempo libre del trabajador son necesarias para que la utilización del tiempo parcial no se vea distorsionada, sino que se alcance realmente un mejor equilibrio entre los tiempos de trabajo y las actividades personales y familiares. La solución adoptada con más frecuencia por los legisladores y/o por los convenios colectivos ha sido restringir la posibilidad de variaciones unilaterales de horario de trabajo y no notificadas con antelación a los trabajadores. Las modalidades de las intervenciones son diversas: se requiere, por ejemplo, que el contrato de trabajo establezca en modo preciso la duración y la programación del horario de trabajo, que las variaciones de horario sean notificadas al interesado con una determinada antelación y sean mantenidas dentro de determinados rangos de tiempo predefinidos, que estos períodos de flexibilidad horaria puedan ser establecidos y modificados sólo con el consentimiento por escrito del trabajador, y en caso de negociación colectiva. El decreto italiano núm. 81/2015 ha otorgado más espacio que en el pasado a los acuerdos individuales, estableciendo, sin embargo, que sean certificados y que los trabajadores tengan la posibilidad de cambiar de opinión, es decir, que puedan modificar tal flexibilidad por motivos de salud o de estudio. Asimismo, este decreto ha previsto que las modificaciones de horario incluyan el derecho del trabajador a una mejora de la remuneración (del 15 por ciento).
Se indica que también aquí interviene la directiva europea núm. 2003/88 para establecer, además de varios límites generales en materia de horarios de trabajo, normal y extraordinario, el principio de igualdad de trato para los trabajadores a tiempo parcial y la prohibición de la discriminación.
El trabajo intermitente
Otro tipo de contratos de trabajo atípicos que se han desarrollado recientemente en algunos Estados europeos, con nombres diferentes (contratos intermitentes, por llamada, de cero horas, miniempleos) tienen en común el hecho de no prever prestaciones definidas y continuas en el tiempo, a pesar de que implican la disponibilidad del trabajador a introducirlas según sean las exigencias del empleador. Estos caracteres son completamente diversos de la relación laboral normal y plantean problemas similares y más graves que aquellos del trabajo a tiempo parcial, ya que pueden limitar la libertad del trabajador de utilizar su tiempo sin la seguridad del compromiso efectivo y, por lo tanto, de las condiciones económicas y reguladoras.
Debido a esto, algunas legislaciones han sometido tales relaciones a reglas directas que limiten su utilización: por ejemplo, se han establecido límites cuantitativos máximos a la duración (un determinado número de días al año en Italia y en Alemania); se ha reservado el empleo sólo a los jóvenes, menores de 25 años y a jubilados, personas que típicamente se encuentran por fuera del mercado de trabajo activo; se ha establecido el derecho a una indemnización particular, la denominada de disponibilidad, en el supuesto de que el trabajador sea obligado a responder al llamado; por último, se ha previsto, como para otros contratos atípicos mencionados antes, que el trabajador contratado con base en estos contratos tenga derecho a condiciones económicas y monetarias por el tiempo que trabaja similar si no igual al de los trabajadores subordinados típicos.
La necesidad de contrastar la práctica generalizada de contratar a dichos trabajadores con condiciones económicas bajas ha llevado al legislador alemán a introducir en 2015 un salario legal mínimo por hora aplicable a todos los trabajadores, pero sobretodo eficaz para garantizar a los prestadores implicados en los denominados mini empleos y empleos medios.
El trabajo con intermediario
Otra desviación de la relación laboral estándar consiste en aquellas relaciones que se establecen sobre una base triangular, es decir, que una entidad que puede variar en su forma (agencia) actúa como intermediaria contratando al trabajador para enviarlo a prestar sus servicios ante un cliente, por lo general una empresa usuaria. La intermediación del trabajo se prohibió durante mucho tiempo en muchos países porque se prestaba a formas graves de explotación de los trabajadores por parte de sujetos a menudo privados de estructuras y de experiencia empresarial que suministraban a terceras partes, a cambio de una contrapartida financiera, mano de obra en general poco o nada calificada, sin asumir ninguna responsabilidad y sin ninguna garantía para los trabajadores, por el contrario, con frecuencia recortando su remuneración y ofreciéndoles condiciones de trabajo por debajo de los estándares establecidos por la ley y de los convenios colectivos.
Las legislaciones de varios países han prohibido este tipo de intermediaciones, y, por consiguiente, han previsto un tipo de relación triangular cuya forma predominante es el denominado trabajo temporal, regulado también por la normativa europea (directiva núm. 91/383). Este tipo de contrato se diferencia del trabajo estándar por la presencia de una tercera parte entre los trabajadores y los usuarios de las prestaciones, pero este sujeto, a diferencia del simple intermediario de mano de obra, actúa en calidad de empleador (o de coempleador), y comparte, de varias maneras, derechos y obligaciones con el usuario efectivo de la prestación.
La distribución de los poderes y de la responsabilidad entre los tres sujetos es objeto de disposiciones jurídicas y de convenio colectivo muy elaborada e variable. Cabe subrayar que dicha normativa ha previsto una serie de reglas directas a fin de evitar que la «anomalía» constituida por la presencia de un intermediario entre el trabajador y quien utiliza la prestación pueda ser perjudicial para los derechos y las condiciones de trabajo del primero. Se prevé, en particular, que el promotor (la agencia) de intermediación reúna los requisitos empresariales y organizativos específicos verificados por la autoridad pública que autoriza la actividad; que las condiciones de trabajo respeten las normas mínimas y en la mayoría de los países (también con arreglo a las directivas europeas) iguales a las aplicadas a los trabajadores de la empresa usuaria. Por último, se establece que el intermediario (la agencia), como titular legítimo de la relación laboral, asuma la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones fundamentales inherentes a la relación frente a los trabajadores sujetos de la intermediación, existiendo la posibilidad de entablar recurso contra el usuario con el que ha estipulado el contrato (comercial) de suministro.
Esta legislación garantista ha contribuido a reducir la desconfianza original y la oposición por parte de los trabajadores y los sindicatos respecto del trabajo temporal y ha favorecido su difusión. Por lo demás, su dimensión se expresa en porcentajes cuantitativamente marginales (del 0,5 por ciento al 2 por ciento del total del trabajo dependiente).
El trabajo en la cadena de la contratación
Las relaciones tradicionales y directas entre trabajadores y empleadores se han modificado no sólo por la transformación de los contenidos de las prestaciones sino también por la evolución de las estructura de la empresa. Algunas modificaciones importantes analizadas tradicionalmente resultan de la frecuente configuración de las empresas en forma de grupo y, más recientemente, de red.
Me limito a recordar que un problema central propuesto por estas formas de empresa, y sobre el que han reflexionado varios legisladores y, sobre todo, la jurisprudencia de muchos países, es el de identificar el centro de imputación de las relaciones laborales encabezando tales grupos. El objetivo perseguido es identificar dicho centro de imputación trascendiendo incluso las configuraciones legítimas que ofrecen las partes y de la forma jurídica de la empresa, con el fin de asegurar una garantía efectiva de los derechos de los trabajadores empleados y su capacidad de acción frente al beneficiario o beneficiarios de la relación laboral y titular o titulares de los poderes.
Se han planteado problemas similares, de creciente importancia, frente a fenómenos de descentralización productiva ejecutados por las empresas, con varias modalidades, en particular, mediante contratación pública y subcontratación distribuidos entre diversos sujetos a lo largo de las cadenas de suministro y de producción cada vez más articuladas en el ámbito nacional y supranacional. Las intervenciones más importantes de los legisladores y de la jurisprudencia se han dirigido a hacer extensivas, total o parcialmente, al primer contratante de la cadena de suministro, la responsabilidad del cumplimiento de los derechos de los trabajadores contratados por las empresas que hacen parte de la misma cadena.
Los nuevos empleos entre subordinación y autonomía
Las transformaciones de la sociedad post industrial han incidido de manera significativa en los contenidos estructurales del trabajo, alterando las fronteras tradicionales del trabajo subordinado y del trabajo autónomo y diversificando las manifestaciones de ambos.
La diversificación de los trabajos en estas cuestiones estructurales se manifiestan en grados y modalidades diversos en los diferentes países, en función de su grado y tipo de desarrollo. Las tendencias futuras son aún inciertas desde el punto de vista cuantitativo y son objeto de evaluaciones diversas sobre sus repercusiones en la calidad del trabajo y en el bienestar de los trabajadores, además de en la misma salud de la economía. Sin embargo, es cierto que las actuales alteraciones del eje subordinación/ autonomía del trabajo marcan la distancia quizás más radical y generalizada respecto del mundo del trabajo del siglo pasado que se centraba en el trabajo subordinado.
La nueva geografía del trabajo ha planteado problemas inéditos tanto a la legislación nacional como a los intérpretes, juristas y jueces. Estos últimos están desde hace tiempo comprometidos en diseñar nuevos criterios de calificación de las tipologías del trabajo elaboradas en un siglo. Los legisladores y los formuladores de políticas han reaccionado con el objeto de definir el marco jurídico y un marco reglamentario para los nuevos empleos, en especial para los que se caracterizan por rasgos intermedios o híbridos de subordinación y autonomía.
La discusión sobre la distinción entre las relaciones de trabajo subordinado y las de trabajo autónomo sigue siendo enérgica en casi todas las legislaciones y está lejos de lograr resultados inequívocos.
La diversificación estructural entre las formas concretas del trabajo pone de manifiesto la dificultad de aplicar los viejos esquemas de calificación. No es casualidad que en muchas legislaciones surge la tendencia de flexibilizar el concepto de subordinación multiplicando los índices útiles a su definición y confiando a la jurisprudencia la elección y el equilibrio de dichos índices. La adopción de tales métodos flexibles con fines de calificación se ha utilizado con frecuencia para incluir en el ámbito del trabajo subordinado y en su régimen, situaciones diversas que no se relacionan fácilmente con los caracteres del tipo original (en particular, la presencia de subordinación, ya sea técnica o personal) pero que, sin embargo necesitan protección. En efecto, estas nuevas relaciones presentan a menudo rasgos heterogéneos propios del trabajo subordinado o del trabajo autónomo, de modo que solicitan no ampliar en su totalidad la normativa del trabajo subordinado sino encontrar formas de protección también diferenciadas.
Una indicación común, convergente con las indicaciones de las ciencias sociales, sugiere que se sustituya la rígida comparación entre subordinación y autonomía, una continuidad de tipos de actividad articuladas entre sí. El reconocimiento de este dato de hecho ha llevado a superar el carácter tradicional de las salvaguardias del derecho laboral, basado en el «todo o nada», para buscar una modulación de éstas entre las diversas situaciones en las que se articulan las nuevas actividades, en especial las que se pueden ubicar en una zona intermedia, a menudo gris, entre trabajo subordinado y autónomo.
Algunos legisladores han avalado este enfoque incluso con variantes. Una de las soluciones más significativas por su valor social, adoptada, por ejemplo, por el legislador alemán y el español y, en modo diverso, por el italiano, ha sido establecer reglas y salvaguardias específicas para aquellas formas de trabajo, muy generalizadas, que a pesar de encontrarse incorporadas en relaciones jurídicas de contratos de autonomía, se caracterizan por la debilidad o la dependencia económica del trabajador del contratante/empleador.
Los trabajadores económicamente dependientes y sus salvaguardias
Los criterios identificativos de estas situaciones y las salvaguardias previstas son también diversos. La legislación española ha identificado a los trabajadores económicamente dependientes con base en índices cuantitativos: en particular, un porcentaje de la renta del trabajador (más del 75 por ciento) percibido por el contratante principal y un nivel de la misma renta medio bajo.
El sistema alemán ha adoptado una variedad de criterios pertinentes, no todos presentes necesariamente y caracterizados por márgenes de flexibilidad: en particular, el trabajo debe llevarse a cabo normalmente para un solo empleador y no debe ser igual al realizado por un trabajador dependiente para el mismo empleador o para empleadores comprometidos en actividades similares, precisando que es competencia de los jueces evaluar, caso por caso, el peso de los varios criterios.
El legislador italiano ha establecido en la ley núm. 30/2003 el contrato de trabajo por proyecto que, pese a ser calificado jurídicamente como de trabajo autónomo, ha sido considerado una figura intermedia (es decir, parasubordinado) y sujeto a un régimen de salvaguardia específico: seguridad social básica, remuneración mínima referida a la de los convenios colectivos, salvaguardia en caso de enfermedad y maternidad, etc.
Este tipo de contrato ha sido superado por el decreto núm. 23/2015, que ha redefinido las fronteras entre el trabajo subordinado y el trabajo autónomo y las disciplinas relativas.
Por una parte, el legislador ha previsto una reglamentación orgánica del trabajo autónomo ampliando a la misma algunas salvaguardias tradicionalmente propias del trabajo subordinado: protección en caso de enfermedad, embarazo, accidente, permisos parentales, seguridad en el trabajo. A éstas ha añadido normas que responden a las necesidades típicas de estos trabajadores (deducción fiscal de los gastos de formación, y de certificación de las competencias, acceso a la contratación pública y a información sobre las fuentes de financiación, garantías sobre los tiempos de pago, protección contra el abuso de posición dominante, salvaguardia del derecho de autor, etc.).
Por otra parte, el decreto núm. 23 ha definido en modo más restrictivo que en el pasado las relaciones de colaboración estipulando que «a las prestaciones de trabajo personales y continuas cuyas modalidades de ejecución sean organizadas por el empleador, en relación asimismo con los tiempos y el lugar de trabajo, se aplica el régimen del trabajo subordinado». Con esta norma, el legislador ha pretendido poner fin a la utilización de formas de colaboración espurias — muy generalizadas en Italia — que ocultaban, bajo el ropaje jurídico del trabajo autónomo, la existencia de relaciones laborales subordinadas a las que se aplicaban salvaguardias económicas y normativas menores.
El control por parte del Ministerio del Trabajo parece indicar que el contraste ha tenido éxito puesto que se ha registrado una reducción significativa de las colaboraciones. Esta elección del legislador italiano se diferencia de la de Alemania y la de España porque no prevé un régimen específico para los trabajadores dependientes económicamente, manteniendo la dicotomía trabajo heteroorganizado y trabajo autónomo; y, al mismo tiempo, reorganiza las salvaguardias ampliándolas a formas de trabajo nuevas, dignas de protección.
Las experiencias de diversos países señalan, incluso en su variedad, una tendencia significativa en cuanto a los cambios en el mundo del trabajo pertinente también por las decisiones políticas.
La variedad de los nuevos empleos se caracteriza a menudo por rasgos mixtos de autonomía y dependencia, presentes también al interior de los esquemas jurídicos en conflicto — trabajo subordinado y autónomo. De ser así, la respuesta más pertinente y, en mi opinión, la más adecuada, no consiste tanto en la multiplicación de los esquemas, como en una nueva configuración y redistribución de las salvaguardias sobre los diversos ámbitos de aplicación. Algunas reglas tienden a volverse comunes a todos los empleos, tal y como lo ha contemplado cierta doctrina. Éstas comprenden las salvaguardias de base, los principios y los derechos fundamentales que responden a las necesidades de la persona que trabaja. Otras normas, cada vez más generalizadas, se han ampliado gradualmente a los tipos de relaciones atípicas diferentes del trabajo subordinado estándar .
La decisión de cómo articular estas salvaguardias opera con frecuencia en las varias legislaciones mediante decisiones ad hoc, en función de las nuevas situaciones y de la presión de las partes interesadas. Considerando asimismo, la diversidad de los contextos nacionales, en esta fase de transformaciones es comprensible, y hasta inevitable, un enfoque diversificado similar.
Un criterio guía, bastante generalizado, para estas decisiones puede ser el de graduar las salvaguardias en función de las necesidades de protección específicas de las distintas partes interesadas. En realidad, resultaría útil analizar la posibilidad de ampliar gradualmente no sólo la legislación relativa a la protección, sino también las normas de apoyo y de promoción de los trabajadores que hacen parte de esta zona gris; en particular, como lo prevé la reciente legislación italiana, normas que incentiven con ventajas fiscales, las oportunidades de formación y de desarrollo profesional, que garanticen la asistencia y los servicios a fin de facilitar el acceso y la movilidad dentro del mercado de trabajo y, en general, que valoricen las prácticas innovadoras de trabajo.
El trabajo ligado a la tecnología digital
En los últimos años, han tenido lugar diversificaciones adicionales de las formas de trabajo promovidas especialmente por las innovaciones digitales.
En el informe de Eurofound «Nuevas formas de empleo», de 2015, se identifican nuevas formas de prestaciones laborales que han adquirido recientemente una importancia creciente. En realidad, muchos de estos tipos se conocen desde hace mucho tiempo pero su número ha aumentado, entre otros, el empleo compartido, la gestión provisional (interim management), los empleados compartidos, el trabajo de disponibilidad ya mencionado y el trabajo pagado con vales.
Las novedades más importantes se refieren a las formas de trabajo llevadas a cabo mediante plataformas e instrumentos informáticos (trabajo inteligente, empleo basado en una plataforma) y, por otro lado, los varios tipos de trabajo autónomo, que a menudo se desarrollan también con el apoyo de las tecnologías informáticas: el trabajo para diversas carteras (portfolio work), en el que un trabajador autónomo desempeña pequeños trabajos para varios clientes; el trabajo repartido entre numerosas personas, en el que a través de una plataforma en línea se comunican empleadores y trabajadores para la realización de trabajos, complejos o no, que se dividen entre los participantes; el empleo colaborativo, en el que las actividades de trabajo se coordinan entre muchos trabajadores autónomos y/o microempresarios.
Se trata de formas, diversas entre sí ya sea por el carácter de las prestación y de las relación entre las partes respecto de las condiciones de trabajo o por sus repercusiones en el mercado de trabajo. El mismo informe de Eurofound enumera las ventajas y desventajas de cada tipo. Señala las oportunidades positivas ofrecidas por algunos de estos tipos: por ejemplo, los empleados compartidos, el empleo compartido, y la gestión provisional pueden ofrecer a los trabajadores una buena combinación entre flexibilidad y seguridad. Las formas de trabajo repartido entre numerosas carteras y de autoempleo desempeñados en común pueden enriquecer y diversificar el contenido de las prestaciones, pero suponen riegos de precariedad. Estos riesgos se maximizan en el trabajo ocasional e intermitente. El trabajo a distancia a través de plataformas permite a los prestadores de servicios un uso del tiempo flexible y personalizado, pero aumenta los peligros de estrés, de invasión de la intimidad y, además, supone trasladar al trabajador la responsabilidad de su propia salud y seguridad.
Las implicaciones jurídicas de estas formas son también diversificadas. Muchas de éstas no alteran la estructura fundamental de la relación laboral subordinada y autónomo, pero introducen variantes en los elementos particulares que pueden requerir intervenciones regulares específicas. Es prematuro hacer valoraciones concluyentes sobre las manifestaciones más innovadoras de estos tipos de prestación. Sin embargo, algunos problemas ya han llamado la atención de los legisladores y de la jurisprudencia.
En particular, las actividades coordinadas y desarrolladas a través de plataformas, conocidas sobre todo por el caso Uber, vuelven a poner sobre la mesa en términos nuevos la cuestión de la naturaleza de la relación laboral, porque la particularidad del instrumento influye en el contenido de la prestación mezclando rasgos de autonomía y de dependencia.
La cuestión fue examinada por la jurisprudencia de varios países a instancia de los trabajadores de Uber y ha suscitado respuestas diversas. Algunos jueces — pero no todos —han rechazado la tesis según la cual Uber sería un simple intermediario que pone en contacto a diversos trabajadores autónomos, alegando, por el contrario, que el desarrollo de tales actividades presenta a menudo rasgos del trabajador subordinado, en particular vínculos respecto del recorrido, si no de horario, obligación de seguir normas de conducta frente los clientes, coordinación y organización de las actividades del proveedor del servicio. Estos enfoques en materia de jurisprudencia son coherentes con la tendencia a la ampliación y a la «dilución» del concepto de subordinación señalado en muchos países y motivado por la necesidad de garantizar a estos trabajadores las garantías económicas y normativas fundamentales, además de la protección contra riesgos específicos.
Se trata de ver cómo evolucionará esta jurisprudencia, a la que corresponde, sobre todo en esta fase inicial, un papel fundamental en la calificación de tales situaciones, teniendo también en cuenta posibles desarrollos legislativos futuros. En particular, será necesario verificar si las decisiones futuras seguirán el camino tradicional del «todo o nada», es decir de la aplicación integral de las disciplinas del trabajo subordinado o autónomo o si, por el contrario, se buscará aplicar a estas actividades alguna forma de medida reguladora y de salvaguardia diferenciada.
A este respecto, es significativa la reciente legislación italiana relativa al denominado trabajo inteligente, es decir el trabajo desarrollado a distancia a través de instrumentos informáticos. La norma toma como referencia actividades de trabajo a distancia al que recurren ya muchas empresas, se incorporan a la organización empresarial y, por consiguiente, revisten la naturaleza de trabajo subordinado.
Por lo tanto, la nueva legislación, remite a la disciplina general del trabajo subordinado y reconoce el derecho de estos trabajadores a las mismas condiciones económicas y normativas que las de los trabajadores que operan en la empresa normalmente. Asimismo, establece algunas normas con el fin de solucionar problemas ligados al desarrollo particular de esta actividad: en primer lugar, normas de salvaguardia de la seguridad de los trabajadores y previsiones de seguro contra accidentes de trabajo, así como, normas relativas al respeto de la vida privada del trabajador, como el denominado derecho a la desconexión, es decir a no responder a llamadas de trabajo por vía informática en determinados horarios del día y de la noche. Recientemente, una ley francesa reconoce también este derecho. Por último, la ley italiana hace énfasis en el acuerdo entre las partes para definir algunas modalidades del desarrollo de la actividad a distancia.
Está aún por ver cuál será la prueba de aplicación de esta normativa, que sigue siendo oportunamente ligera, y si y en qué medida algunas normas, especialmente las que protegen la intimidad y la seguridad del trabajador, se aplicarán también al trabajo inteligente autónomo.
El trabajo en la economía informal
Queda por analizar una última y más grave desviación del trabajo estándar, representada por el trabajo irregular e ilegal no declarado. Se trata de una zona gris o «negra» del mercado de trabajo y de la economía, de amplia difusión en los países en desarrollo, pero presente también en algunos países de economía avanzada (en Italia, por ejemplo, donde la economía sumergida se sitúa en torno al 19-20 por ciento).
Los datos alarmantes recopilados y controlados en el ámbito internacional por la OIT señalan la gravedad del fenómeno. Las estimaciones, elaboradas de forma diversa, indican que la presencia del empleo irregular , caracterizada por grados diferentes de desviación de las normas, ya sea dentro o fuera de los sectores de la economía informal, superan en algunos países el 80 por ciento del empleo no agrícola, y que en quince países observados representa dos tercios del empleo no agrícola.
Con frecuencia, estas actividades son dirigidas por verdaderas empresas ilegales (empresas negras) que organizan su desarrollo y obtienen beneficios empleando a los trabajadores, en condiciones no sólo por debajo de las normas nacionales, sino también y, a menudo, inhumanas. Las observaciones de la OIT documentan la gravedad del déficit de «trabajo decente», en la economía informal, como consecuencia de la negación de los derechos fundamentales, de la insuficiencia de empleos de calidad, de la falta de protección social y de la ausencia de diálogo social, así como de los bajos salarios y de las elevadas tasas de pobreza.
Todos los documentos nacionales e internacionales señalan que la difusión y los caracteres de estos trabajos tienen causas múltiples, a menudo estructurales, ligadas a las características de desarrollo económico y social de los diversos países. Por este motivo, las medidas necesarias para enfrentar con éxito los problemas y para facilitar, como lo expresa la OIT, su transición hacia el empleo y la economía formal, deben proceder de un análisis pormenorizado de dichas causas. Deben, además, dar respuestas integradas en distintos planos, por parte no sólo de las autoridades públicas sino también de las fuerzas sociales y económicas de los diferentes países. Por el mismo motivo, tales medidas van más allá de las políticas del trabajo, y deben involucrar a las diferentes políticas económicas y sociales necesarias para promover un desarrollo sostenible y un crecimiento inclusivo, capaz de generar empleos de calidad en una economía regulada. A un nivel incluso anterior, se requiere una acción convergente y duradera por parte de las instituciones públicas y de los actores sociales dirigida a la promoción de la cultura y la práctica de la legalidad.
Se recomiendan iniciativas específicas para eliminar los obstáculos que dificulten la formalización y el crecimiento de las actividades en cuestión. Entre éstas cabe mencionar, en particular, la reducción de los requisitos burocráticos para la constitución y el desarrollo de las actividades y para la gestión de los trabajadores, así como las medidas para facilitar el acceso a los instrumentos necesarios para tales fines: servicios financieros, informaciones y asesoramiento sobre las oportunidades de negocio y de trabajo, posibilidades de concursar para las contrataciones públicas, apoyo a la formación profesional y en materia de gestión.
En las materias que atañen directamente al trabajo se subraya la importancia de reforzar los servicios de inspección que son insuficientes en casi todas partes respecto de las necesidades, calificando el personal para que se adapte a la difícil tarea de prevención y control de la ilegalidad. Por otro lado, se reconoce que este tipo de intervenciones no es suficiente y debe integrarse a un conjunto de medidas preventivas y de incentivos para la regularidad.
En algunos países, entre ellos Italia, se han probado ventajas fiscales y «descuentos» temporales en las condiciones de trabajo para sostener la transición hacia el trabajo formal y, por otro lado, se ha decidido condicionar a un itinerario controlado de emersión, el acceso a los servicios de apoyo (de formación y de asesoramiento) y el disfrute de una serie de beneficios fiscales para las empresas.
La representación de los trabajadores atípicos
Por último, es preciso recordar cómo la OIT, junto con muchas autoridades nacionales, subraya la necesidad de que estas medidas se sostengan por el diálogo social. El consenso social, con el apoyo tripartito de las partes, es fundamental para realizar progresos en el difícil camino de la regularización del trabajo, venciendo obstáculos que hacen raíces profundas en el tejido económico y social de los diferentes países.
En realidad, este llamado es pertinente para todo lo que aquí se examina, respecto de la legislación y la protección de los diversos trabajadores atípicos.
El estudio de Eurofound, de 2015, citado con anterioridad, señala al final del informe un hecho que define «sorprendente»: es decir, la «ausencia considerable de representación de los trabajadores» que operan en estas nuevas formas de empleo. Y atribuye tal carencia a las características de gran fragmentación y flexibilidad de estas relaciones que dificultan la organización de las partes involucradas y hacerlas partícipes de objetivos comunes. En efecto, la ampliación de la representación colectiva más allá de la zona tradicional del trabajo estándar a toda la gama diversificada de trabajos subordinados (y parasubordinados) constituye un gran reto para las organizaciones sociales, para su influencia social y para su propia supervivencia.
En respuesta a tal reto, los sindicatos son llamados a innovar no sólo sus políticas organizativas, sino también sus estrategias de acción adoptando nuevas propuestas que respondan a las necesidades de estos nuevos trabajadores que son diferentes de aquellas propias de los trabajadores del siglo xx.
Pero la reactivación de la acción colectiva en el mundo del trabajo enfrenta obstáculos estructurales considerables, tanto en la economía globalizada y con frecuencia carente de normas que ha cambiado las relaciones de poder entre los actores sociales en detrimento del trabajo organizado, como en las transformaciones sociales y personales que han conducido a una individualización creciente de la vida laboral, no favorables a las experiencias colectivas y a la cohesión social. Estoy convencido de que la cohesión social es un bien común esencial tanto para el bienestar de las personas como para el desarrollo sostenible y para la promoción de la justicia social. Por este motivo, es importante que tal cohesión y los instrumentos necesarios para sostenerla, comenzando por los derechos fundamentales individuales y colectivos, sean promovidos con intervenciones convergentes de los actores sociales y de las instituciones públicas, nacionales e internacionales.
Para concluir, quisiera destacar un último problema que engloba todos los trabajos atípicos y que debería analizarse por separado. Estos trabajos, en particular los temporales y precarios, presentan graves problemas no sólo en las normas y en las condiciones de la relación laboral, sino también en las materias del bienestar y de la seguridad social. La razón de esto es que la gran parte de las instituciones pertinentes, en especial las salvaguardias contra el desempleo y las prestaciones de seguridad social, se crearon en el siglo pasado para las relaciones de trabajo estándar a tiempo indefinido. Por consiguiente, se basan en gran medida en las contribuciones financieras de las dos partes que se presuponen estables. Pero precisamente por esto son inadecuadas para hacer frente a las experiencias de protección de los trabajadores actuales, incluso de los trabajadores estándar, que están expuestos al riesgo recurrente del desempleo y de la crisis. Con mayor razón son insuficientes para proteger a los trabajadores precarios e inestables. Para hacer frente a tales carencias, muchos países han integrado estos sistemas de bienestar social basado en las contribuciones de las partes con prestaciones, pensiones y subsidios sociales, financiadas incluso o especialmente con los impuestos generales.
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